Cultura de la Legalidad
Actualizado el 16 de septiembre de 2021
Consideraciones de la Cámara de Comercio de Bogotá con respecto a la seguridad de nuestros empresarios
La seguridad ciudadana se ha convertido en una precondición para lograr el desarrollo de las sociedades las cuales también tiene impactos particulares sobre el crecimiento o deterioro de las economías. De hecho, en ciudades donde se presentan con frecuencia delitos como el hurto o los homicidios, se reducen las oportunidades de desarrollo por desconfianza en la capacidad del Estado para garantizar condiciones básicas de convivencia y asegurar el respeto a derechos como la vida y la integridad personal.
Según Figueroa, Oca., et al. (1997)., la inseguridad afecta directamente el buen funcionamiento de los negocios, los cuales se ven afectados por el aumento en los costos, la disminución de los ingresos, la disminución de la productividad en la toma de decisiones efectivas en las áreas estratégicas y de inversión de las empresas, y en la formación de clusters competitivos. Lo que a largo plazo repercute en la baja calidad de vida y de bienestar en los ciudadanos al generarse costos asociados a la inversión en seguridad, que implica una disminución del gasto en otras actividades productivas por parte de los gobiernos.
Lo anterior lo soportan cifras como las que presentan el estudio del BID sobre Los costos del crimen y de la violencia en América Latina y el Caribe, en donde señala que los costos totales del delito para los países de la región en el 2018 representan entre el 2,41% y el 3,55% del PIB regional, cifra similar a la que estos países durante este año invirtieron en sectores como infraestructura.
En este orden de ideas, la gestión de la seguridad ciudadana tiene un impacto directo sobre la calidad de vida que ofrece una ciudad y su entorno empresarial. La gestión de la seguridad y la convivencia implica actuar en varias esferas a la vez, como la prevención, una acción policial efectiva, un sistema judicial justo que no propicie la impunidad, y un proceso de rehabilitación del infractor para incorporarse a la sociedad que, junto con valores cívicos y de solidaridad (capital social) revierten en prevención (Ogliastri, 2011).
Esta agenda descrita anteriormente se enfrenta a un problema integral, para el cual se requiere un esfuerzo concertado de diversas instituciones de la sociedad: la comunidad, las autoridades locales, la policía, el sistema judicial, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
En ese sentido, la CCB promueve la cultura de la legalidad desde diferentes perspectivas y aproximaciones, pues reconoce que el fenómeno de la corrupción y la informalidad es complejo y requiere de diferentes estrategias complementarias, a saber, la moral, la jurídica, la institucional y la cultural o de norma social.
La CCB promueve la cultura de la legalidad por medio de la generación y gestión del conocimiento, la incidencia en política pública y la articulación de actores. Adicionalmente, la CCB promueve la cultura de la legalidad desde diferentes perspectivas y aproximaciones, pues reconoce que el fenómeno de la inseguridad y los riesgos empresariales como la corrupción o el contrabando es complejo y requiere de diferentes estrategias complementarias, a saber, la moral, la jurídica, la institucional y la cultural o de norma social.
