La pandemia del coronavirus nos impone a los actores sociales el deber de acompañar a los gobiernos en el planteamiento de iniciativas que contribuyan a afrontar la emergencia y a
actuar juntos para mitigar colectivamente los efectos generados por la enfermedad en materia social y económica.

Con ese propósito la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI, ANIF – Centro de Estudios Económicos, la Cámara de Comercio de Bogotá- CCB, Fedesarrollo y ProBogotá
Región presentamos el Boletín No. 1 del Observatorio para el seguimiento de la atención de la emergencia y reactivación en Bogotá D.C.

El presente documento realiza un seguimiento a la línea base en la cual se sistematizan los datos relevantes en materia de salud, empleo y proyecciones económicas de la ciudad y propone acciones para garantizar el bienestar de los ciudadanos, evitar el crecimiento de los indicadores de pobreza, desempleo y pérdida de empresas en Bogotá D.C. y la región.

Conozca los puntos más importantes de este documento:

• Testeo, control y rastreo de contagios covid 19.
• Número y estado de ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá.
• Impacto en carga de la enfermedad.
• Efectos en pobreza.
• Empleo.
• Actividad económica y subsidios.
• Empresas, formalidad y crecimiento.
• Impacto en la liquidez y escalonamiento de la jornada laboral en la empresa.
• Gestión de Bogotá vs. Ciudades capitales en indicadores de salud y economía.
• Número de efectivos y disponibilidad de la fuerza pública en Bogotá.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

• Dar continuidad a la estrategia de cuarentenas estrictas por localidad adoptada mediante el Decreto 169 de 2020 de la Alcaldía de Bogotá.
• Evaluar los efectos generados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
• Permitir la actividad económica de los sectores productivos habilitados en el proceso gradual de reactivación económica y consolidar la estrategia de cultura ciudadana del autocuidado.
• Contar con cuarentenas parciales y diferenciadas disminuye los riesgos de debilitamiento de la capacidad de seguridad, convivencia y control de la fuerza pública.