También sus esfuerzos buscan generar estrategias y promover alianzas de cooperación con sus colegas. 

En el entre tanto del desarrollo de estas actividades ¿Qué tiempo queda para solucionar conflictos jurídicos que emergen en el marco de las actividades comerciales de su sector? 

En las transacciones comerciales y empresariales es inevitable que ocurran inconvenientes jurídicos. Nadie desea verse envuelto en medio de una controversia, pero a mayor complejidad de las relaciones contractuales, aumenta la probabilidad de afrontar situaciones de conflicto. En el sector energético, por ejemplo, es frecuente que los empresarios tengan desacuerdos sobre temas relacionados con:

• Discusiones por enriquecimiento sin justa causa en la liquidación de los contratos.
• Obligaciones y efectos de la declaratoria de terminación de los contratos.
• Asignación de riesgos por causas imprevistas.
• Imputación de intereses moratorios sobre las sumas de capital.
• Análisis de la ejecución contractual y redistribución de las obligaciones.
• Conflictos derivados de las cuentas en participación.
• Transacción de contratos.
• Terminaciones anticipadas de los contratos.
• Declaración de nulidad de los contratos.
• Modificación de las obligaciones contractuales por exigencias administrativas.

El sistema judicial colombiano ofrece alternativas para que los empresarios escojan la vía más adecuada para solucionar sus controversias. Existe la vía de la jurisdicción ordinaria, a través de la cual se acude a un juez de la república quien, en promedio, tomará una decisión entre 22 y 36 meses, tiempo al que debe sumarse la resolución de recursos o las segundas instancias, en caso de que procedan. 

Los Mecanismos de Resolución de Conflictos (MRC) como el arbitraje nacional, la conciliación en derecho, la amigable composición o la mediación, permiten dejar en manos de expertos en cada tipo de conflicto la resolución de la controversia. En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, los empresarios del sector energético podrán solucionar sus controversias en los siguientes tiempos:

• Arbitraje: La solución promedio de los procesos a través de este mecanismo tiene una duración de 18 meses (presencial) o 10 meses (virtual).
• Conciliación en derecho: Las controversias que se resuelven a través de la conciliación en derecho tardan en resolverse de 20 0 35 días hábiles.
• Amigable composición: los conflictos tienden a resolverse en un promedio de 10 meses.

No solucionar un conflicto a tiempo lleva a que los empresarios asuman riesgos como la pérdida de confianza entre proveedores y compradores, incluso, un proceso demasiado extenso, puede impactar en la reputación de la marca en el mercado. 

Los empresarios del sector energético, por tanto, deben tomar en cuenta también esta clase de variables al momento de elegir el sistema de justicia que responda a sus necesidades de una forma óptima y eficaz.

¿Cuál es el comportamiento de los conflictos del sector de energía?

Según un estudio del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el contexto arbitral, encontramos que el sector de energía, año a año ha encontrado en los Mecanismos de Resolución de Conflictos una forma ágil y efectiva de solucionar sus controversias. A partir de la expedición de la Ley 1563 se registra un aumento progresivo en la recurrencia por parte de las empresas del sector energético a los servicios de arbitraje. Estos picos se presentan en ciclos de dos años, sin embargo, si se comparan cada uno de estos, cada dos años aumenta el pico de controversias solucionadas en el sector energético.

El sector energético hace parte de una línea de negocio compleja que implica prever desde aspectos de infraestructura hasta tecnológicos. En esta cadena, los empresarios saben que sus aliados son de distinta naturaleza. Así que sus proveedores, socios y contratantes pertenecen tanto al sector público como al privado.

De acuerdo con el análisis de los conflictos de este sector, el 52% de los aliados de las empresas del sector de energía suelen pertenecer al sector privado mientras que el 48% al sector público. Estas cifras llevan a concluir su alto nivel de relacionamiento con empresarios privados e instituciones públicas.

Líneas de negocio de esta magnitud permiten corroborar que este sector es uno de los más decisivos e influyentes en las economías de los países. Así, que hay que comprender su entorno, como uno que está estrechamente interrelacionado con la política pública, los recursos naturales y la reactivación de la economía de los Estados.
 

El tipo de contratos en los que se presenta el mayor número de conflictividad en el sector energético son los relacionados con obra civil, oferta, suministro de energía y concesión. Esta amplia gama contratos de diferente naturaleza confirma la afirmación anterior, según la cual, este representa uno de los sectores que activa la economía de los Estados a diferentes escalas.