Veinticinco años después de que las Fuentes de Energías Renovables no Convencionales (FNCER) hicieran su aparición en el mundo moderno, Colombia por fin se apresta para definir su incorporación definitiva a la matriz eléctrica del país.

Y aunque como se dice popularmente “las cosas pasan cuando tienen que pasar”, en materia de renovables estamos realmente atrasados.

Viendo el lado positivo, este atraso nos permite, por una parte, aprender de las experiencias de países vecinos y con similares características, como Costa Rica, México, Chile, que generan entre el 20 y 25 por ciento de su energía eléctrica con FNCER, y como Uruguay, que genera un 48 por ciento de su electricidad con estas fuentes limpias. Por otra, en Colombia hemos podido beneficiarnos de costos más bajos de las tecnologías.

Una primera subasta realizada a principios de este 2019 nos dejó el sinsabor de la poca experiencia que tenemos en la materia. Por fortuna, es clara la voluntad del Gobierno para buscar que las FNCER se conviertan en una fuente importante de generación eléctrica, que le permitirá al país dejar atrás el fantasma del racionamiento que aparece en cada temporada de fenómeno del Niño.

No obstante, las buenas intenciones, el proceso enfrenta una férrea oposición que pareciera motivada por mantener el statu quo del mercado eléctrico.

Algunos gremios han criticado el proceso asegurando que no es razonable dar señales para que la demanda participe en la subasta bajo la perspectiva de que si no lo hace se le adjudicará obligatoriamente.

Estos sectores plantean esta crítica olvidando las múltiples imperfecciones de nuestro mercado. Por ejemplo, el famoso cargo por confiabilidad es adjudicado de manera obligatoria a toda la demanda sin que tenga ninguna oportunidad de definir si está dispuesta a pagar o no el precio resultante de estas subastas. Para este caso no se oyeron las voces de protesta.

Dentro de las condiciones para mejorar la subasta y lograr la transformación energética que requiere el país, el Gobierno y el regulador del mercado han establecido ampliar los plazos de los contratos para garantizar que los bancos financien con mejores tasas los proyectos, criterios de calificación que incentivan una mayor participación de las empresas, y criterios de competencia para equilibrar el mercado, entre otras.

Además, se incluyeron las condiciones al producto que solicitaron los comercializadores, que en este caso “representan” a la demanda.

Estos mecanismos han generado inconformidades, pero vale la pena anotar que han sido planteadas sobre la base de la necesidad apremiante de contar con una matriz que se complemente, haciéndola más resiliente y confiable, es decir, contar con el servicio de forma permanente y que nos retribuya beneficios para el desarrollo del país.

Y no solo eso, estos se establecen para hacer efectiva la ley del Plan de Desarrollo, que establece que los comercializadores deben adquirir entre un 8 y un 10 por ciento de energías renovables en los mecanismos de largo plazo, como la subasta próxima.

Todos los actores que hoy se oponen al reto de modernizar nuestra matriz energética deberían oír más la voz de sus representados consumidores, quienes, en una encuesta reciente realizada por Nielsen para SER Colombia, dijeron de forma contundente (91%) que quieren que su energía provenga cada vez más de fuentes limpias y amigables con el medioambiente, como lo son las energías renovables no convencionales.

EL TIEMPO